El próximo día 6 de diciembre conmemoramos el aniversario de la aprobación de la Constitución en 1978. Esta es la única Constitución de la Historia de España que ha sido votada y aprobada por el pueblo español.
Una Constitución no es un libro sin más, es un texto legal que organiza todos los aspectos fundamentales de una comunidad, en este caso la Nación española. De la Constitución emanan todos nuestros derechos como ciudadanos y en ella se estructuran todos los poderes del Estado. A pesar de la enorme importancia que la Constitución tiene para los españoles, el sistema educativo actual prácticamente la ignora, y los alumnos la desconocen casi por completo.
Con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, gracias al apoyo de grupos parlamentarios que tienen como uno de sus principales objetivos la destrucción del régimen democrático que en 1978 los españoles aprobaron, nuestros valores constitucionales más importantes se ponen en riesgo.
Así lo han denunciado todas las asociaciones judiciales, el Consejo General del Poder Judicial, los inspectores de Hacienda, la mayoría de los abogados del Estado, las asociaciones de empresarios y las de Policía y Guardia Civil, los diplomáticos y varios colegios profesionales. Además, un gran número de ciudadanos se vienen manifestando claramente contra los acuerdos que han permitido conservar el poder a Sánchez.
Entre los aspectos más relevantes que hoy están en riesgo y que suponen un claro ataque a nuestra Constitución, podemos citar:
PREÁMBULO
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
Artículo 1.
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Artículo 2.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
- La igualdad de los ciudadanos:
Artículo 14.
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Artículo 139.
1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
Artículo 31.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
Artículo 156.
1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
- La posible celebración de un referéndum inconstitucional:
Artículo 1.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Artículo 92.
1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
- El sometimiento del poder judicial al ejecutivo y legislativo:
Artículo 117.
3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
Artículo 118.
Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
- La concesión de una amnistía ilegal:
Artículo 62.
Corresponde al Rey:
i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
En resumen, las bases de la democracia liberal están en riesgo: la soberanía nacional, la igualdad jurídica de los ciudadanos, la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el de expresión. Por todo ello, se corre el riesgo de un grave retroceso en los valores propios de toda democracia occidental.
Ante esta amenaza, los ciudadanos debemos ser conscientes de la situación y exigir a nuestros representantes políticos el cumplimiento estricto de nuestra Ley Fundamental: la Constitución española de 1978.
José Antonio Palomo
Departamento de Geografía e Historia